En México, se vive una crisis derivada de la acumulación de diversos problemas en torno a la industria inmobiliaria. El cual abarca tanto la informalidad en el arrendamiento y venta de inmuebles, como en el aumento de precio en estos, derivado de la gentrificación.
Carla Escoffié, abogada especialista en derecho administrativo, atribuye parte de estas problemáticas a la falta de regulaciones y fortalecimiento del Estado de derecho en este rubro. «Tenemos el problema de que no hay una política de vivienda y arrendamiento, no hay leyes para regular y equilibrar las relaciones de arrendamiento, cerca del 58% de los arrendamientos no tienen contrato por escrito». De este modo, Escoffié argumenta, esto pone a las personas en situaciones de vulnerabilidad, agravando los problemas de adquisición de vivienda y evita que se acabe con la impunidad en casos de desalojo forzoso y otros abusos.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) identifica que en la Ciudad de México cerca del 70% del mercado inmobiliario es informal. Así, de los 420 mil millones de pesos generados anualmente de la venta y renta de inmuebles en la entidad, solo 133 millones de pesos son reportados ante el SAT.
Alejandro Kuri Phéres, director del Instituto de Administradores de Inmuebles, destaca, esto conlleva problemas para la ciudadanía y ciertos desafíos y retos para el sector inmobiliario. Al igual que Escoffié, Pheres considera, la irregularidad en el arrendamiento expone a los arrendatarios a prácticas abusivas y los deja sin protección jurídica.
Phéres, argumenta, al ser el arrendamiento un motor de la construcción, remodelación y gestión de propiedades, la falta de formalidad deriva en problemas asociados con fraudes fiscales e inflación en el costo de las propiedades. A esto se suma que el fenómeno de gentrificación eleva las rentas hasta en un 118%. Esto principalmente en ciudades y destinos turísticos, como la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Yucatán.
La AMPI distingue, en la CDMX existen inmuebles cuyo arrendamiento puede alcanzar entre los 200 y 250 mil pesos, sin embargo, el costo promedio de rentar una vivienda oscila entre los 10 y 11 mil pesos. Esto deja una pérdida de más de 11 millones de pesos en los sistemas gubernamentales de recaudación de impuestos.
Por si fuera poco, a esto se agrega la tasa alta de informalidad en la asesoría inmobiliaria. Según TresPM, en el Estado de México y otros estados, 6 de cada 10 vendedores inmobiliarios no cuentan con la capacitación necesaria en torno a la validación de registros gubernamentales y otras implicaciones legales. Lo cual potencia las situaciones de fraude y vulneraciones a las cuales están expuestas las personas arrendatarias.
NotiPress/Juan Manuel Flores
