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Luisiana y el debate entre Estado e Iglesia por exigir los Diez Mandamientos en escuelas

Luisiana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en exigir la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de primaria, secundaria y universidades financiadas por el estado. El gobernador Jeff Landry firmó el miércoles la ley 71 de la Cámara de Representantes, que había sido aprobada por los legisladores estatales en mayo de 2024. La nueva normativa establece que los Diez Mandamientos deben mostrarse en una «fuente grande y fácilmente legible» dentro de las aulas a partir de principios de 2025.

Durante la ceremonia de firma, Landry declaró: «Si quieres respetar el estado de derecho, debes empezar por el dador de la ley original, es decir, Moisés». Esta medida convierte a Luisiana en el primer estado en implementar tal requisito desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley similar en Kentucky en 1980, argumentando que dicha ley difuminaba la línea entre la iglesia y el estado.

La reacción a la nueva ley no se hizo esperar. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció inmediatamente planes para demandar al estado, argumentando que la ley viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En un comunicado, la ACLU afirmó:

Estamos preparando una demanda para impugnar a H.B. 71. La ley viola la separación de la iglesia y el estado y es descaradamente inconstitucional». La organización subrayó que a Primera Enmienda garantiza que las personas puedan decidir por sí mismas sus creencias religiosas sin la influencia del Gobierno

El gobernador Landry, en declaraciones previas al periódico The Tennessean, manifestó su disposición a enfrentar demandas sobre esta ley, comentando: «Y no puedo esperar a que me demanden».

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Los defensores de la nueva ley se apoyan en un fallo de la Corte Suprema de 2022, que determinó que un distrito escolar del estado de Washington violó los derechos de libertad religiosa de un entrenador de fútbol despedido por rezar en el campo después de los partidos. Matt Krause, abogado del First Liberty Institute, elogió la ley diciendo: «Poner este documento histórico en las paredes de la escuela es una excelente manera de recordar a los estudiantes los fundamentos de la ley estadounidense y de Luisiana». Texas y Tennessee están considerando leyes similares a la recientemente aprobada en Luisiana.

En contraste, en México, un país con una alta tasa de religiosidad, la educación pública está protegida de influencias religiosas por la Constitución Política, la cual establece que «la educación en el país debe ser siempre laica, gratuita y obligatoria». Esto significa que ninguna religión puede tener una influencia directa en el sistema educativo público.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 90% de la población mexicana profesa alguna creencia religiosa, siendo la mayoría católica con un 80%. Sin embargo, en los diez años recientes ha habido un aumento en el número de no creyentes debido a la expansión de la libertad religiosa.

El 15% de las escuelas privadas en México educan bajo un esquema religioso, principalmente católico, cristiano y judío. A pesar de la separación entre la iglesia y el estado en la educación pública, la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas revela que 6 de cada 10 mexicanos aprueban la enseñanza de dogmas religiosos en las escuelas públicas.

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NotiPress/Gustavo Torres