La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) declaró que las nuevas multas por excesos en el consumo de energía terminarán afectando a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en un contexto económico poco estable. Cabe destacar, las multas al alto consumo de agua llegan hasta 1.2 millones de pesos. Ante este panorama, las empresas son las que mostraron mayor preocupación al verse envueltas en una reducción del nivel productivo para evitar las multas.
Nos preocupa esa sanción, pero además nos preocupa porque este es un problema de carácter estructural. Hoy el alto costo que estamos pagando en Colombia por las tarifas eléctricas cada vez se incrementa más», afirmó Alejandra Osorio, presidenta de Acopi Bogotá.
Además, Osorio también mencionó que muchas empresas van a tener que poner en consideración si continúan con su operación, «la disyuntiva es que por vender más tengo que entonces prácticamente vender para pagar el recibo de la luz… Eso no es viable bajo ninguna óptica en un negocio», sugirió Osorio. Respecto a esto, Acopi considera que las sanciones pueden afectar al sector de la salud y de alimentos, debido al proceso de sanitización por el que deben pasar diferentes elementos quirúrgicos y la cadena de frío de los alimentos.
Por tales motivos, el gremio envió una carta al director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para ofrecer una serie de recomendaciones para prevenir el desabastecimiento de la demanda y a la vez promover la recuperación de embalses.
Una de las principales recomendaciones es «no trasladar a los usuarios a través de una resolución de la CREG las consecuencias por la falta de políticas públicas para prevenir y anticipar la vulnerabilidad ante posibles amenazas y riesgos naturales. La gestión del riesgo de desastres naturales es un derecho colectivo que incide directamente en la garantía y ejercicio de los derechos humanos, la cual es responsabilidad del estado, tal como reza en nuestra Constitución».
Cabe destacar, Acopi solicitó «no vulnerar al tejido empresarial y a la ciudadanía de la región caribe, que hoy tiene condiciones distintas en el pago de consumo de energía, ocasionado por lo establecido en el artículo 318 de la Ley 1955 que adoptó un régimen tarifario especial que pretendía asegurar la sostenibilidad y la prestación eficiente servicio frente situaciones históricas de las empresas prestadoras del servicio de energía, incluyendo en la fórmula tarifaria las pérdidas reconocidas y la opción tarifaria que han originado alzas desmedidas en la facturación del servicio».
De esta forma, ante el consumo excesivo, la carta llama a incentivar el consumo responsable «a través de incentivos y no de sanciones y que la misma no profundice la marcada inequidad de la región Caribe dentro del contexto nacional».
NotiPress/Axel Olivares
