El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, anunció recientemente un aumento presupuestal del 70% para el funcionamiento de las universidades públicas, una medida que suscitó tanto aprobación como rechazo entre diversos sectores de la educación superior. Este incremento, que elevará la asignación mensual a 14 mil 224 millones de pesos a partir de mayo, se presenta en un contexto de tensiones crecientes marcado por la marcha universitaria del 23 de abril a nivel nacional.
Manuel Adorni, vocero presidencial, en la conferencia de prensa del 23 de abril, afirmó que la cuestión presupuestaria con las universidades «quedó saldada la semana pasada», asegurando que no hay espacio para más discusiones al respecto. Sin embargo, representantes universitarios expresaron su desacuerdo, indicando que las sumas asignadas sólo cubren una fracción de las necesidades reales de las instituciones y que el aumento anunciado no fue fruto de un acuerdo consensuado.
Por otro lado, el descontento no solo se limita a la cantidad del incremento, sino también a la propuesta de arancelar la educación para estudiantes extranjeros. Adorni destacó que el costo de educar a alumnos de otros países es actualmente cubierto por el pueblo argentino, sugiriendo que es justo buscar mecanismos que impliquen una contribución por parte de los beneficiarios directos de este servicio educativo. La Universidad de Buenos Aires (UBA) estaría evaluando esta propuesta, que aún se encuentra en una fase inicial de análisis y que podría incluir contribuciones voluntarias de egresados en buena situación económica.
Así, la situación llega en un momento delicado, justo cuando las universidades públicas de toda Argentina se preparan para una gran marcha el martes 23 de abril. La protesta busca visibilizar la situación crítica que enfrentan las casas de estudios debido a lo que consideran un ajuste insuficiente y tardío en el presupuesto, así como expresar su rechazo a las políticas que perciben como un intento de privatización de la educación superior.
Con un escenario complejo, las repercusiones de estas políticas aún están por verse. El debate sobre la financiación de la educación superior en Argentina se intensificó, reflejando una división entre las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y las políticas del Gobierno de Javier Milei. La marcha del 23 de abril será un termómetro de la temperatura social respecto a estas medidas.
NotiPress/Francisco Vicario
