El anuncio de Estados Unidos sobre el restablecimiento de sanciones contra Venezuela, específicamente apuntando a la industria de petróleo y gas, generó incertidumbre en las relaciones comerciales con Colombia. Así, el 17 de abril se confirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no renovará la licencia 44, esta permitía ciertas transacciones económicas temporales con Venezuela, impactando directamente la posible compra de gas por parte de Ecopetrol, la empresa estatal colombiana.
Así, la decisión de no renovar la licencia surge después de evaluaciones sobre la falta de garantías a la oposición en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Estados Unidos expresó su preocupación por la inhabilitación de candidatos opositores, como María Corina Machado, y la falta de condiciones para elecciones «libres y competitivas».
De esta forma, el impacto de estas sanciones se extiende más allá de la política, afectando directamente a los planes económicos y energéticos entre Colombia y Venezuela. Según la senadora colombiana Paloma Valencia, la comercialización de gas entre octubre de 2023 y enero de 2024 estaba prevista bajo la ahora caducada licencia 44 de la OFAC. Esta situación pone en riesgo el proyecto del gasoducto Antonio Ricaurte, el cual es fundamental para el transporte de gas desde Venezuela hacia Colombia, bajo un contrato vigente entre Ecopetrol y la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
La medida también estipula un plazo de 45 días para que las empresas internacionales que realizaron negocios con PDVSA cierren sus operaciones en Venezuela, esto añade una capa adicional de complicación a cualquier esfuerzo de colaboración económica entre las naciones.
En contraste, hay aspectos de la política de sanciones estadounidenses que permiten ciertas excepciones, como en el caso de Chevron, una petrolera estadounidense a la que se le permitió continuar operando en Venezuela bajo condiciones específicas y restrictivas.
Por su parte, el ministro de Minas y Energías de Colombia, Andrés Camacho, destacó dos motivos principales por los cuales Colombia se beneficiaría significativamente de importar gas venezolano, estos son: costos reducidos y aseguramiento de un suministro a largo plazo. Este gas se ofrecería a dos dólares por millón de pies cúbicos, representando un ahorro considerable.
La OFAC declaró, las empresas interesadas aún pueden solicitar permisos específicos para operar en Venezuela, lo cual sugiere que bajo ciertas condiciones, las sanciones podrían revisarse o incluso revertirse. Este punto es vital, pues indica que aún hay espacio para la negociación y colaboración, siempre y cuando se mejoren las condiciones democráticas en Venezuela. Mientras Estados Unidos se mantiene firme en su postura de promover elecciones libres en Venezuela, el impacto de sus decisiones continúa resonando en los aspectos económicos y diplomáticos regionales, especialmente entre Venezuela y Colombia.
NotiPress/Francisco Vicario
