El Senado de la República de México aprobó en lo particular y en general Ley de Amparo, marcando un hito significativo en la relación entre los poderes. La reforma, propuesta por el senador Ricardo Monreal de Morena, pretende limitar las facultades de jueces y magistrados para suspender leyes o proyectos gubernamentales, incluso cuando existan juicios de garantías presentados por afectados. Este cambio legislativo generó un intenso debate entre los partidos políticos y ha suscitado preocupación entre defensores de derechos humanos y especialistas legales.
La aprobación de esta reforma, que modifica los artículos 103 y 107 de la Constitución, se llevó a cabo con 69 votos a favor y 42 en contra, predominando la mayoría de Morena y sus aliados. El senador Monreal destacó que la reforma busca asegurar que el Poder Judicial no pueda obstruir las decisiones del Legislativo y los proyectos de interés general, argumentando la necesidad de que «el Poder Judicial se sujete a la ley creada por el Legislativo».
Los artículos reformados de la Ley de Amparo, específicamente los artículos 129 y 148, establecen ahora restricciones a la capacidad del Poder Judicial de otorgar suspensiones provisionales y definitivas con efecto general contra leyes expedidas por el Congreso. Además, se suprime la facultad del órgano jurisdiccional de amparo en ciertos casos excepcionales donde anteriormente podía conceder la suspensión si se estimaba que negarla podría causar un daño mayor al interés social.
La oposición expresó su desacuerdo y preocupación por estas modificaciones, argumentando que la reforma es inconstitucional por negar un derecho colectivo y que podría impedir que la ciudadanía detenga obras potencialmente perjudiciales, como el Tren Maya, que implican riesgos ambientales y sociales. Este cambio legislativo representa un ajuste crítico en el balance de poderes en México y plantea serias preguntas sobre el futuro de la protección judicial en el país.
NotiPress/Francisco Vicario
